La agenda social que ha puesto en marcha el Gobierno de España hasta ahora ha estado marcada por tres importantes medidas: la subida de las pensiones, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 950 euros y el aumento del salario a los empleados públicos.
El siguiente paso que dará es la eliminación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy. Como adelanto, el Gobierno ya ha anunciado que la derogación del despido por bajas justificadas se aprobará en el próximo Consejo de Ministros, lo que evitará que un trabajador pueda perder su puesto de trabajo por una baja médica.
Acabar con esa injusticia es una prioridad para el Gobierno de España y esta tiene las horas contadas. Sin embargo, hay quien está por alimentar otras injusticias, tal y como ha ocurrido en el Consejo Ejecutivo de Galasa, la empresa pública que gestiona el abastecimiento de agua en el Levante y Almanzora. El Partido Popular y Ciudadanos, de forma vergonzosa, han excluido a los alcaldes socialistas del órgano de dirección de esta empresa. La bochornosa actuación del presidente de la Diputación Provincial, que llegó incluso a insultar a los alcaldes socialistas que asistieron a ese Consejo, ofrece una muestra clara de hasta dónde se puede llegar cuando se pierde el norte. Los líos en el PP no tienen que pagarlos ni Galasa ni los ciudadanos que reciben sus servicios.
La paradójica situación que se ha terminado produciendo es que ayuntamientos como Albox o Vera, a los que Galasa no les gestiona el agua, deciden quién gobierna la empresa, mientras que los ayuntamientos que reciben el servicio no pueden participar en la toma de decisiones.
Para que se hagan una idea, el 63% de los clientes con los que cuenta Galasa viven en municipios gobernados por el PSOE: 63.000 de los 100.000 usuarios. Otros 24.500 viven en pueblos gobernados por el PP y el resto, 7.800, son usuarios de ayuntamientos de Cs. Bien, pues a pesar de esto, PP y Ciudadanos se repartieron la representación en el Consejo Ejecutivo de Galasa y dejaron fuera a los alcaldes socialistas, mostrándoles de esta manera la puerta de salida.
Pero para salida, la de Roquetas hacia Almería por la autovía en las últimas semanas. Al problema surgido en el Cañarete hay que buscarle una solución definitiva y el alcalde de Roquetas debería comenzar reconociendo que lo que hizo el gobierno de su Rajoy del alma ha durado poco.
Todas las administraciones tienen que hacer su trabajo para facilitar la movilidad de los vecinos de Aguadulce y por extensión, de todo el Poniente. Entre otras cosas, sería bueno que el Ayuntamiento de Roquetas realizara los esfuerzos necesarios para minimizar el cuello de botella que se produce, por ejemplo, a la hora de incorporarse desde Aguadulce a la A7 por cualquiera de los accesos. La mejora de la regulación del tráfico sería beneficiosa, como también lo sería que el alcalde roquetero consiguiera lo que los socialistas le hemos indicado: que el Consorcio de Transportes, cuya gestión depende de la Junta de Andalucía, ponga autobuses sin coste para los usuarios para descongestionar el tráfico en los momentos de mayor concentración de vehículos. No es de recibo que el alcalde de Roquetas no asuma su responsabilidad.
Como no es de recibo que una anciana de 101 años lleve esperando un año de gobierno de las derechas en Andalucía para que la Junta reconozca su situación de dependencia y le asigne las ayudas que le correspondan. Lo peor de este asunto es la respuesta que le han dado al hacerse pública la noticia: “probablemente, cuando le llegue, ya no la va a poder recibir”. No hay más preguntas, señoría. Menuda incompetencia.
