viernes. 29.03.2024

Javier Salvador, teleprensa.com

Literalmente, y por muy mal que suene, nos han metido un tomate por el culo desde Francia y sin nada de amor. Y me explicaré, pero primero entremos en situación.

Hace unos días una de las principales agrupaciones de comercializadores hortícolas de Almería lanzó un tenue grito público sobre la situación de chabolismo que se da en el campo almeriense, de las condiciones infrahumanas en esos lugares de tránsito al que llegan los inmigrantes ilegales que no tienen donde quedarse y que, sobre todo, no quieren ser identificados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para evitar su expulsión. Que nadie se equivoque. Son lugares organizados a los que son dirigidos por las mafias de inmigración y en los que ocupar un catre, un habitáculo, tiene un coste de alquiler en el perverso mundo de la inmigración irregular. 

Menos de un diez por ciento de los que llegan tienen intención de quedarse. Su principal objetivo es trabajar una campaña como temporero en un invernadero donde al patrón le importe bien poco que tenga o no papeles. Los hay, aunque cada vez menos, pero los hay y sobre todo en los momentos punta de campaña. Una vez obtenido el mínimo capital necesario su objetivo será preferentemente Alemania o cualquier otro país del norte. Saben que será difícil llegar, pero una vez allí el mínimo que pueden conseguir les garantizará unas condiciones de dignidad impensables en su país de origen, y por encima de lo que en estos momentos pueden encontrar en las zonas productivas de España.

Hace años las organizaciones agrarias ya hablaban de la necesidad, del compromiso, de instalar módulos de viviendas junto a las plantaciones que demandan esa mano de obra, pero salvo raras excepciones nunca se llegó a ejecutar ningún plan concreto y quizás sea ese el primer paso, el de las propias empresas. El coste de mantener barracones junto a los invernaderos en ínfimo si lo contraponemos al impacto en el mercado de cada imagen de chabolas en zonas productivas. 

Llega el otoño y los productos españoles entran en el mercado cuando aún siguen a pleno rendimiento en los países del norte, y la mejor defensa de los agricultores de esos lugares no es otra que denigrar la imagen de España, del entorno de los invernaderos de los que salen esas frutas y verduras que a sus compatriotas les encanta comprar porque las adquieren a bajo precio en comparación con lo que son obligados a desembolsar por productos locales. Y la operación es sencilla, demasiado fácil. Con apenas 10.000 euros ya tienen suficiente capital para financiar la excursión de un periodista o experto en comunicación armado de una cámara, un micro y un objetivo claro: revalorizar el producto nacional mostrando los horrores del vecino.

Y nos está bien empleado, porque igual esos 8 o 10.000 euros gastados en el ataque es más de lo que alguna de las empresas afectadas ha invertido en comunicación o gestión de crisis en los últimos cuatro años, pero, también hay que tener muy claro qué es comunicación, que básicamente dista mucho de publicar gilipolleces en tu perfil de Facebook y en tu mismo idioma.

LeMonde ya ha dado el primer aviso, pero vienen mas de camino. Hay empresas concretas a las que les tienen puesto el objetivo, pero el siguiente golpe no vendrá por ahí, sino por las zonas de producción con chabolas, barrios convertidos en verdaderos guetos administrados por ayuntamientos de gobiernos en coalición con la extrema derecha “el partido anti-inmigración” según aclara LeMonde. 

Un tomate por el culo