Si el coronavirus ha detenido muchas de las situaciones que se producen en el día a día, no podemos perder de vista que, producto del confinamiento y del cese de las actividades laborales de gran parte de la población, siguen generándose conflictos entre partes.
Delitos de acoso en redes sociales y otros ciberdelitos como estafas digitales o suplantación de identidad, son los tipos penales en auge que más preocupan a los expertos en la materia, cuya labor como abogados penalistas se ha visto interrumpida por el parón generalizado de la justicia.
En circunstancias normales, son estos abogados especializados en penal los que deben actuar ante tales conflictos, ofreciendo sus servicios para garantizar el derecho a la defensa de los ciudadanos. Sin embargo, muchos de ellos se han encontrado con problemas deontológicosa la hora anunciar sus servicios y seguir ejerciendo, siendo la función de este sector profesional imprescindible, sobre todo, en tiempos de crisis generalizada.
Esto es algo que ha planteado recientemente el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina en una entrevista virtual a través de YouTube. El periodista David Enguita ha entrevistado al experto para su programa “Entre la gente”, abordando varias de las cuestiones principales que se plantea el mundo del derecho durante el Covid-19.
El fundador del despacho penalista Ospina Abogados, manifestó su preocupación por el estado de hibernación en el que se halla la justicia de España durante estas semanas, lo que supone una complicación jurídica para todos los españoles y no solo para los profesionales de la abogacía. “No se está realizando ninguna actuación judicial más allá de las estrictamente urgentes y necesarias, como puede ser una detención policial”, ha explicado este especialista.
Ospinaseñaló que uno de los desafíos claves que afrontan los abogados en España es la censura publicitaria que afecta a los abogados en base a su código deontológico en lo referente a escenarios de crisis o catástrofe, con el objetivo de que los malintencionados no saquen provecho de la urgencia que pueda tener la gente en estos momentos.
Más allá de esa intención remarcable y positiva de las autoridades jurídicas, el penalista explica que no se trata de una respuesta ideal porque ha quedado patente que la población sigue buscando, a día de hoy, profesionales en derecho penal, laboral o administrativo que zanjen sus disputas recién iniciadas o paralizadas por el estado de alarma, antes de que alcancen otro nivel.
Por otro lado, remarca que a pesar de haberse implementado de forma generalizada el teletrabajo, “hay que ser conscientes de que en crisis se generan conflictos”, por lo que deben brindarse facilidades que permitan la interacción constante y sin restricciones entre los abogados y sus clientes de siempre o potenciales clientes. Detener la publicidad de los despachos no golpea únicamente contra los profesionales del sector, sino sobre los defendidos, quienes ven prolongadas sus desavenencias, perdiendo tiempo y dinero.
Un ejemplo de ello sería el de los desacuerdos entre caseros e inquilinos. Es cierto que el Gobierno ha brindado garantías a los segundos para que no sean desahuciados en caso de no pagar, siendo esta una situación excepcional en el que muchos inquilinos pueden haber perdido su puesto de trabajo, con complicaciones para afrontar la totalidad de las mensualidades acordadas.
A estas consultas sobre cómo actuar en tales situaciones, tanto Ospina como otros expertos de la materia recomiendan que ambas partes intenten llegar a una mediación, a un punto en común que evite inconvenientes futuros.
Por otro lado, cuando no hay posibilidad de una negociación, lo mejor sería que un abogado experto en estos trámites se encargue. De ahí la necesidad de terminar lo antes posible con el bloqueo de la justicia en España, pues cuando todo termine, se espera una saturación generalizada de los juzgados.
